Impago a los innovadores: A la Ley no. 38 le deben dinero

¿Cuál sería el primer ancestro que tomó una vara para ayudarse a saltar, tumbar una fruta o como arma para cazar? ¿Quién lo ini­ció en dar filo a una piedra y convertirla en hacha, en cubrir los cuerpos con pieles, cocinar los alimentos, tejer, cultivar…?

La evolución del hombre como especie y el de­sarrollo de las sociedades están indisolublemente ligados a la innovación, a la búsqueda de solucio­nes para los problemas cotidianos.

En Cuba, con una economía marcada por el bloqueo económico, comercial y financiero de Es­tados Unidos, la improductividad, alto proceso inflacionario y la obsolescencia tecnológica, difí­cilmente alguien ponga en duda la función de la Asociación Nacional de Innovadores y Raciona­lizadores (Anir) en el sostenimiento de la econo­mía, una verdad con tantos matices como partes y piezas tiene un auto.

En octubre del 2026 la Anir llegará a los 50 años de creada convencida de su valor, de cuan­to se le necesita, aunque insatisfecha porque no siempre se honra como merece, tal y como tras­ciende por estos días en las asambleas de su Ter­cera Conferencia Nacional.

Uno de los planteamientos más reiterados en el relevante proceso guarda relación con el incumplimiento por el sistema empresarial y el presupuestado de la Ley no. 38/1982: De las Inno­vaciones y Racionalizaciones, y de otras normas complementarias, que concede a las administra­ciones la responsabilidad de materializarlas, y encarga a la Anir y a los sindicatos velar por lo dispuesto.

Al cierre del 2024, mil 33 entidades habían dejado de remunerar a sus aniristas por el efecto económico de sus inventivas. De esas, un total de 876 todavía no lo hace, pese a que ya se benefi­ciaron del resultado monetario o social que ellas generaron, señala con cierto enfado Lidier Águila Machado, presidente de la Anir.

Diversas son las causas de los incumplimien­tos. Una, a su juicio, radica en el desplazamiento de los trámites, porque después de la fecha de ins­cripción de una propuesta, hay un mes a partir de ese día para ser examinada por la comisión eva­luadora, y dos meses si esta funcionara a ámbito nacional, para dictaminar si es aceptada como in­novación o racionalización. Ya puesta en práctica, hay un año para llegar a la etapa final de la remu­neración a los innovadores y el aporte a la Anir.

Águila Machado considera que a veces estos términos se desfasan para remunerar por la exis­tencia de pérdidas económicas en el sector empre­sarial o porque el presupuestado no planificó ese gasto.

En la central provincia de Villa Clara, por ejemplo, la falta de liquidez financiera y la fluc­tuación del personal encargado del proceso eco­nómico-contable atrasó los pagos a aniristas de las empresas Cárnica, Provincial Productora de Alimentos (Eppa), Pescavilla, la del Lácteo y la de Bebidas y Refrescos, asegura un informe de la Anir.

Por estos y otros motivos, también están espe­rando sus dividendos asociados de Pinar del Río, Matanzas y Ciego de Ávila, donde están algunas de las 101 entidades incumplidoras del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), sector clave en el ciclo productivo del país y de la canasta fa­miliar normada.

“Acompañados de inspectores y activistas he­mos ido a los colectivos que presentan estas di­ficultades a intercambiar con los innovadores, administrativos, comisiones evaluadoras y sindi­catos”, apunta la villaclareña Liudmila Domín­guez Rodríguez, presidenta de Buró Provincial de la Anir.

Para su homólogo nacional Águila Machado, el análisis debe insistir en el papel desempeña­do por la organización en la base para llegar a la esencia de los incumplimientos, y eso pasa, acota, por usar espacios como la asamblea de asociados, la de representantes, la de afiliados y trabajado­res, o llevar el punto a los consejos de dirección, y exigir que esté en la rendición de cuenta de los administrativos.

Jorge Luis Fajardo Casas, secretario gene­ral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP), relaciona irrespeto a la Ley no. 38 con caren­cias en la preparación de dirigentes adminis­trativos, sobre todo en las áreas de economía y de inversiones. “Falta de capacitación”, insiste.

En su apreciación, esa misma necesidad de conocimiento la requieren los cuadros del SNTIAP, en especial los que llevan poco tiem­po en la tarea, “porque para exigir, hay que sa­ber”.

Soluciones abundantes, dinero que no llega

Después de días, noches, madrugadas, de un combate entre el pensamiento y aquel moderno equipo, lograron echarlo a andar. El corazón de una industria láctea es su pasteurizador.

Al del matancero Lácteo Colón lo salva­ron Yolexys Viquillón y algunos muchachos del área de mantenimiento. “Había niños esperan­do…”, sonríe feliz.

La solución fue a inicios del 2024. Todavía aguardan por ver en sus bolsillos los ingresos por el efecto económico de la solución. “Ya el cheque está listo. Esos nos dijeron”, asegura Vi­quillón.

En la unidad empresarial de base (UEB) To­rrefactora Pinar del Río, no recuerdan cuándo fue la última vez que realizaron pagos por la Ley no. 38.

Eso sí, saben que ha pasado más de un quin­quenio. Raymundo Bello Lago, director, explica que la cuenta estaba centralizada por la dirección nacional, y que este año fue que tuvieron acceso a ella.

Jorge Luis Martínez Soto, representante de la Anir, reconoce que no se reúnen, pero sí cotizan, tienen identificado el banco de problemas y los asociados no dejan de aportar soluciones.

Allí tampoco existen los expedientes, el re­gistro está desactualizado, aunque en el mes de octubre certificaron las hojas para facilitar la inscripción de las propuestas, incluidas alrededor de 16 pendientes. Nancy Reinosa Pérez, jefa de grupo de gestión del capital humano, admite el retroceso del funcionamiento de la Anir, no en la generación de soluciones, sino en el funciona­miento interno de la organización.

La subordinación nacional no solo parece haberle influido en el incumplimiento de la Ley no. 38 en la Torrefactora pinareña. Ese inconve­niente de estructura lo encontramos en entidades provinciales que desde esa instancia se encargan de la actividad innovadora de sus UEB, como es el caso de la Empresa de Productos Lácteos Ma­tanzas (EPLM).

Y si bien es facultad administrativa de­cidir el lugar y el responsable de llevar el libro de inscripción y registro, y nombrar a los integrantes de la comisión evaluadora, por citar dos obligaciones, no es menos cierto que concentrar el trámite total en la EPLM pudiera decidir en la toma de decisiones de los asociados, que si no se les crea condiciones para ir a asentar sus propuestas, gastarían sus re­cursos personales para trasladarse de un mu­nicipio a otro, o simplemente no lo harían.

Una de las mejores inventivas en el matancero Lácteo Cárdenas hace tres años la realizó Juan Canosa Fleitas, jefe de las plantas. Él tiene otras, o quizás otra…, pero solo una pudo inscribir. Pronto se la pagarán, sonríe, y sigue a lo suyo.

Gerardo Soriano Díaz asevera no haber reci­bido nada por “resolver tantos problemas” en el Lácteo Matanzas, donde toda la leche procesada desde el mes de febrero ha sido gracias al pasteu­rizador que arregló, comentan algunos allí. Él no es el único. Sus compañeros Michel Ojeda y Noel García, mecánicos, perdieron la cuenta de la can­tidad de bombas recuperadas. Nunca han visto un centavo…

Junto con sus funciones administrativas, Eli­zabet Poey y Mercedes Hernández están encarga­das de la Anir en la EPLM. Ellas atribuyen tantas dificultades a la falta de Comités de Innovadores y Racionalizadores (CIR) en las UEB, en la que el trabajo perdió los bríos de años anteriores.

“A veces el expediente único va y viene, por falta de esto o de lo otro. Son muchos los errores y eso enreda lo demás”, subraya Elizabet, mientras Mercedes apuesta porque si no hay condiciones para que las comisiones evaluadoras funcionen en la base, al menos se implemente el libro de ins­cripción y registro, para que esté bien cerca del acto creativo, opinan, mientras ellas muestran el que existe, con evidencias desde 1986.

Si en la EPLM la actividad innovadora pre­senta fisuras, en la Empresa yumurina de la Pes­ca, también con las UEB subordinadas el panora­ma es peor. A este equipo le fue imposible conocer el comportamiento de la Ley no. 38, excepto que los asociados siguen cotizando, un deber honrado pese a la inercia empresarial y sindical.

En lugares visitados pudimos comprobar que se pierde la posibilidad de inscribir algunas de las soluciones porque los trabajadores carecen de preparación para hacerlo, aunque el artículo 11 de esta Ley legitima el papel de las entidades en la prestación de asistencia técnico-material gratuita para elaborar, presentar y tramitar la solicitud de registro.

A juicio de Lidier Águila, el incumplimiento de la Ley no. 38 y otras normas jurídicas tiene más alcances que los que se cree, porque no solo se está afectando a los trabajadores y al patri­monio financiero que debe respaldar la actividad innovadora.

“Obstaculizar el tránsito de una propuesta desde su inscripción en el libro de registro, hasta la aceptación por la comisión evaluadora, impide el cálculo de su efecto económico y por ende la creación del fondo que ella genera para formar la cuenta de 30 por ciento”.

Las repercusiones negativas no terminan ahí. “Como organización estaríamos perdiendo la oportunidad de reconocer moralmente, y de es­timular a los hombres y mujeres que hacen ma­ravillas en medio de las limitaciones de recursos para solucionar problemas que repercuten en la producción de bienes y de servicios, y en el pro­greso del país”.

¿Pagos reales?

En el proceso de la Tercera Conferencia Nacional de la Anir, asociados de varios municipios matan­ceros expresaron dudas sobre la capacidad de co­misiones evaluadoras a la hora de dictaminar, su repercusión en los cálculos realizados, y la apro­bación de montos muy por debajo de lo espera­do, máxime si el tope pasó de 5 mil hasta 80 mil pesos. Aportamos millones y recibimos quilos, se quejaron entrevistados.

Para Águila Machado son las áreas de econo­mía con sus especialistas los encargados de ase­gurar la planificación de la gestión innovadora. Eso no anda bien.

A pesar de estar vigente desde 1982, la Ley no. 38 en no pocos lugares se desconoce, afirma Jorge Luis Fajardo Casas. Incluso, acota, para los cál­culos, ha habido que auxiliarse de inspectores de la Anir, de compañeros preparados, una alianza a la que consideramos se debiera recurrir para quitar piedras del camino y evitar equívocos.

El avezado inspector avileño Antonio Aguile­ra Franco, fundador de la Anir, insiste en regu­larizar las fiscalizaciones. “Hay que revitalizar­las —sugiere—. No para multar o sancionar, sino para contribuir a la calidad y eficiencia, incluido el uso de la cuenta del 30 por ciento. Esa gaveta tiene cucarachas”, sonríe. “Ningún director está autorizado a utilizar esos fondos para pago a los obreros. Eso ha pasado”.

La otra cara de la Ley no. 38

En la Empresa Fábrica de Conservas de Frutas y Vegetales La Conchita, de Pinar del Río, el im­pacto económico de sus soluciones supera los 2 millones de pesos, hay un registro minucioso de cada aporte, incluso de aquellos que no se cuan­tifican, porque su contribución es social u orga­nizativa, explica Reina Hernández, representante de la Anir.

Misael Rabeiro Milliam es uno de los 69 aso­ciados de la entidad. Con hierros viejos creó una máquina que le devolvió la vitalidad a la línea de producción de dulce de frutabomba, contribución que lo hizo merecedor del Premio al Innovador de Mayor Impacto Económico y/o Social, pero para él, lo más importante es que los trabajadores de esa área ya no precisan ser reubicados ni realizar otras labores.

Referente del trabajo de la Anir resulta la To­rrefactora Villa Clara, donde el buen funciona­miento del CIR y la respuesta administrativa han sido esenciales para pagarles a los aniristas. “Se hace una nominilla, se va al banco, se extrae el dinero y se paga por caja. La Anir permite mante­ner el fondo activo y garantizar los pagos”, detalla Sunami Valencia Sánchez, jefa del Departamento Económico de la entidad.

Los asociados merecen más

Equipos electrodomésticos, una moto eléctrica en asignación son algunas de las expresiones mate­riales hacia el mérito de Misael Rabeiro Milliam, privilegiado en La Conchita con la distribución de utilidades, el único ejemplo de los colectivos visitados.

Pero ese es un ejemplo aislado, según este equipo. No es casual que Lidier Águila Macha­do vea con preocupación cómo a pesar de las opciones y posibilidades para la remuneración y el aumento en las cuantías, aún es insufi­ciente la comprensión de que las soluciones con resultados económicos favorables constituyen un aporte individual, lo cual no suele tenerse en cuenta en reglamentos para la distribución de las utilidades.

Marielys Gómez Hernández, máxima res­ponsable sindical en Matanzas de los trabajado­res de la industria pesquera y alimentaria, avala la casi nula recurrencia de una opción como los pagos por alto desempeño, viables justo en un sector en el que la obsolescencia tecnológica reta a la creación constante.

Varios asociados solicitaron transmitir a la Anir, que en su calidad de integrante del grupo temporal para la nueva Ley de Ciencia, Tecnolo­gía e Innovación, promueva que se tenga en cuen­ta para la jubilación las remuneraciones que reci­ben, algo muy justo.

Águila Machado significó que en esa nor­ma en preparación, la asociación ha contribui­do a la elaboración de un cuerpo, en el que, a propuesta de innovadores, inspectores y espe­cialistas, fueron incorporados determinados asuntos que en lo jurídico robustecen el proce­so de tránsito de las innovaciones y racionali­zaciones, precisó el presidente de la Anir.

Para que el movimiento innovador crezca en asociados, se pongan en práctica y generali­cen las aplicaciones, todos los actores económi­cos deben facilitarlo, en especial la empresa es­tatal socialista que aún no se encadena todo lo que puede para revitalizar sus planteles y que desde un sólido patrimonio financiero se favo­rezcan las normas, las remuneraciones en los plazos previstos y más próximos a los efectos económicos.

Darle vía libre al pensamiento, abrirle puertas, es lo mínimo para retribuir a estos hombres que junto con el dinero merecido, hay que levantarles un monumento. Si tanto se les quiere, hay que cuidarlos.

(Tomado de Trabajadores)