Las ferias agropecuarias que funcionan los fines de semana en diversos puntos de La Habana podrían ser un oasis para adquirir los alimentos básicos, pero esta “aparente” solución se desvanece cuando la lista de precios máximos establecida recientemente por el Gobierno capitalino queda en letra muerta.
El pasado viernes, en la feria del Consejo Popular Palatino, el valor de los productos mostraba una relación directa con la inflación y con la cotización del dólar en el mercado informal. Al acercarme a uno de los puestos de productos agropecuarios y preguntar por la lista oficial, el vendedor respondió: “No, no tenemos la tabla hoy, pero puede preguntar que no cobro por eso”.
Este hermetismo no resulta sorprendente. La tarifa no declarada duplica los máximos aprobados por las autoridades: la libra de fruta bomba a 80 pesos frente a los 40 establecidos; calabaza a 50 versus 25; yuca a 50 en lugar de 25; boniato a 60 contra 25; malanga a 150 frente a 75; y el ají cachucha a 150, aunque este último no figura entre los productos regulados.
El resto de los puntos de venta, aunque mostraban los costos a la vista, igualmente incumplían lo normado: la ristra de cebolla de 1 200 a 3 500 pesos; el ajo entre 2 500 y 3 500; ají cachucha a 100 pesos el vaso; guayaba a 60 pesos la libra; y naranja a 100 pesos por libra.
Mónica, residente en Avenida Norte, señaló: “Topar los precios es como poner una curita en la llaga. Nadie cumple lo establecido y los inspectores brillan por su ausencia en el mejor de los casos; en el peor, los compran con una ristra de cebolla que bien cara está”. Su padre, quien la acompañaba en la búsqueda de víveres, agregó que estas medidas solo se respetan durante las primeras semanas, luego todo el mundo las olvida.
Luisa, vecina de Primelles, considera que se necesitan mejores canales de información, pues al desconocer los precios máximos, las personas no pueden exigir sus derechos. Aunque, como ella misma reconoce: “yo que me los sé me siento vulnerable porque o compro lo que necesito al precio que ellos quieren, o me voy con las manos vacías”.
Esta situación ya se había vivido meses atrás cuando se establecieron topes a productos de primera necesidad como aceite, pollo y huevos. Las mipymes y TCP alegaron entonces un argumento concreto: el valor del dólar en el mercado informal crece estrepitosamente, el Estado no les garantiza el acceso a divisas y estos artículos son importados.
Aunque no pueden ser justificantes para “apretar los bolsillos del pueblo”, los campesinos tampoco escapan a esta realidad. Si bien cultivan en el país, los insumos y fertilizantes deben importarse, y además comercializan otros como naranjas y ajos, que no se producen localmente.
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En Boyeros el cuartico está igualito. Bastó bajar por las escaleras de mi casa para confirmarlo: una vez más, la regulación de precios sin un aumento real en la producción no da los frutos esperados. A pesar de la reciente resolución emitida por la gobernadora de La Habana, el paisaje en esta zona del sur habanero permanece inalterado: la ley escrita se disuelve en la cotidianidad.
Un recorrido por los puntos habituales de acopio revela un viaje a la desorganización. Los carretones —proveedores frecuentes que llegan desde municipios aledaños— continúan apostándose alrededor del parque de Santiago de las Vegas en su habitual caos. La oferta vocal se impone a cualquier normativa: se pregona la mercancía, pero no hay letreros que indiquen precios, y mucho menos que estos se ajusten a lo estipulado por la autoridad. Varios de estos agricultores, al ser cuestionados, ni siquiera conocían la existencia de los nuevos precios.
La situación no es muy distinta en el agromercado de oferta y demanda de la localidad, conocido tanto por su variedad como por sus precios excesivos. Al llegar, la mayoría de las tarimas estaban vacías. Las pocas que exhibían productos carecían de tablillas con precios claramente visibles.
En medio de este escenario, las voces de los implicados pintan un cuadro complejo. Herminio, veterano campesino de La Salud, vende sus cosechas cada sábado cerca de la iglesia. “Escuché algo de la resolución”, confiesa, “pero mira, mis precios no cumplen con eso, aunque tampoco son abusivos”. Para él, la ecuación es simple: “Prefiero venir y venderlo yo mismo que lidiar con los intermediarios que tocan a mi puerta en la finca, que son unos abusadores”.
Sin embargo, admite la imposibilidad de ajustarse a la tarifa oficial: “Todos los insumos para hacer producir la tierra siguen escasos y por las nubes. Además, cada día es más difícil encontrar trabajadores que acepten menos de 10 000 pesos al mes, y eso encarece todo. ¿Cómo voy a vender la malanga al precio que dicen ellos, si solo ponerla en la tierra me cuesta una fortuna?”.
Desde el otro lado del mostrador, la percepción es de frustración. Margarita, ama de casa que depende de la ayuda de sus hijos, no ve cambios. “Eso es un abuso lo de los carretilleros y los puestos en las esquinas”, afirma con resignación. “No sé si reciben inspección, pero los precios siguen igual o peor. Nada ha cambiado”.
La cadena de problemas tiene muchos eslabones. Pedro, propietario de un pequeño puesto bien surtido en la Calzada de Managua, lo explica desde su experiencia: “El problema es que seguimos comprando a los mismos precios. El combustible está en USD y, para llegar al campo y comprarle a los ‘guajiros’, ¿cómo hacemos? Entonces el gobierno baja los precios sin tener en cuenta esas cosas”.
Al transitar por las cuadras del llamado Boulevard de Santiago, en cada espacio hay venta de todo tipo. Es sábado, y es común recibir inspecciones “sorpresivas”; en la esquina, siempre hay alguien de pie, atento, listo para dar la señal de alarma. Se encuentra de todo, siempre que se pueda pagar a precio de lingote de oro: una libra de tomates a 500 pesos, la cebolla a 400, papas a 500, entre otros productos. Al final, como dice el refranero popular, el cuartico está igualito.
La resolución, bienintencionada en el papel, parece haberse quedado atrapada en un limbo entre el decreto y la tierra. Mientras los precios de los insumos y la logística sigan por las nubes, la orden de descender parece una imposición desconectada de la raíz del problema: una producción que no despega y una cadena de intermediación que la resolución no logra frenar. El sur de La Habana, como termómetro fiel, marca la fiebre de una economía que no se cura solo con aspirinas regulatorias.
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La situación es generalizada en la capital. Tras la publicación de la medida en Cubadebate, decenas de lectores compartieron sus experiencias y valoraciones sobre el cumplimiento real del listado de precios en los mercados habaneros. Las opiniones, en su mayoría, coincidieron en que el principal desafío no radica en la norma, sino en su control efectivo.
Algunos foristas denunciaron irregularidades en la comercialización de los productos. “Hay vendedores que esconden mercancía y, a pocos pasos, la revenden a precios más altos”, comentó un usuario.
La calidad de los productos también fue un tema recurrente. “Para los vendedores ya todo es de primera calidad, sin importar el tamaño o si está marchito”, opinó un lector.
Varios foristas insistieron en la necesidad de fortalecer la labor de inspección y aplicar sanciones más severas. “Los inspectores deben trabajar más los fines de semana, cuando los precios se disparan en las ferias”, escribió Jesús de Armas. Otro usuario, identificado como Eduardo, propuso publicar los números de contacto para denunciar violaciones, aumentar las multas y rotar a los inspectores “para evitar complicidades”.
El escepticismo ante el cumplimiento efectivo es una constante. “Primero hay que hacer que se cumplan las normas. Ya eso lo vimos antes y no hay quien le ponga el cascabel al gato”, señaló Alexandro, mientras Juan José advirtió que “muchos comerciantes ni siquiera tienen pesas y venden por unidad, todo a la vista de los inspectores”.
Aunque algunos lectores consideraron aceptables los nuevos valores oficiales, cuestionaron las malas prácticas en el cobro. “Te ponen un precio en la tablilla y te cobran otro, eso es robo”, escribió un usuario identificado como Andu1980, quien llamó a involucrar a la Policía en el enfrentamiento a estas violaciones.
El consenso entre los foristas apunta a una misma preocupación: sin control riguroso y transparencia en la gestión, los precios topados corren el riesgo de “volver a quedar como letra muerta”, como advirtió un usuario desde el municipio de Playa.
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De acuerdo con información oficial divulgada por la Agencia Cubana de Noticias, el Gobierno de La Habana ha intensificado las acciones de fiscalización y control en los mercados agropecuarios de la capital para garantizar el cumplimiento de los topes de precios unificados establecidos por la Resolución 148/2025.
Durante una jornada de inspección, los equipos de las direcciones municipales de Finanzas y Precios aplicaron multas y sanciones por incumplimientos detectados en varios puntos de venta.
En el municipio Plaza de la Revolución, por ejemplo, se impuso una multa de 16 000 CUP a un infractor por establecer precios superiores en nueve productos, mientras que en la feria de 17 y 8 se sancionó con 10 000 CUP la venta de pimientos a 380 CUP y con otra multa de igual cuantía por pepinos ofertados a 70 CUP. Asimismo, se aplicó una sanción de 7 000 CUP por la venta de plátano burro sin el precio visible.
La ACN reporta que en Arroyo Naranjo, específicamente en la feria de la calle Mina, se impusieron tres multas de 8 000 CUP cada una por violaciones a los precios regulados, más una sanción de 5 000 CUP por no exhibir los precios, totalizando 29 000 CUP en sanciones. Los controles se extendieron a otros municipios como Habana del Este, Diez de Octubre, Guanabacoa y La Lisa, donde se aplicaron sanciones que oscilaron entre 2 000 y 16 000 CUP, según la gravedad de las infracciones.
Además de las multas, las autoridades adoptaron medidas de decomiso en los casos donde se constató especulación, en cumplimiento del Decreto 30 y el Decreto Ley 91. Estas acciones forman parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la disciplina comercial y proteger a los consumidores, en correspondencia con la política económica del país.
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Frank Díaz, residente en el municipio de Playa, señaló que en la feria agropecuaria de 13 entre 84 y 72 los valores se han mantenido sin cambios desde la implantación del tope gubernamental. “Debería ser más barata la feria, pero no es así”, afirmó, y destacó que existe una mayor disponibilidad de productos importados como confituras y enlatados que de agrícolas. Además, precisó que los costos son casi idénticos a los que tienen las mipymes y los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP).
Por su parte, María Fonseca, quien vive en Nuevo Vedado, se refirió a la situación del mercado en Tulipán. Allí, comentó, “hay poca oferta de productos y los precios están igual que antes del tope”. La vecina también hizo una observación sobre los vendedores ambulantes: “Los carretilleros tienen más ofertas, pero los valores son muy elevados, muy por encima del límite establecido por el Gobierno de La Habana”.
Esta dinámica en los alrededores del mercado de Tulipán fue descrita con más detalle por Lina, otra residente de la zona: “Casi todos los días vemos a los vendedores y los carretilleros fuera del mercado vendiendo productos del agro y también industriales, pero con precios muy por encima de lo que debería ser”. No obstante, reconoció que estos ofrecen artículos que no se encuentran dentro de la instalación, como “naranjas, pepinos, yuca, boniato, ajo, ají…”.
La escena que se repite con frecuencia, según los testimonios, es la de los carretilleros saliendo despavoridos al ver acercarse una patrulla. Pasan de ser vendedores a veladores. Se avisan entre ellos porque tienen los precios por encima de lo establecido.
Por otro lado, Haydee, también vecina de Nuevo Vedado, ofreció una perspectiva alternativa. Mencionó que “las viandas están a precios más razonables en las ferias que hacen en los parques en algunos municipios de la capital”. Sin embargo, matizó su comentario añadiendo una limitante: “Con eso uno no puede contar porque depende de lo que puedan traer los guajiros y no siempre son los productos que uno necesita”.
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Esta divergencia entre el decreto y la realidad en los mercados habaneros revela que el mecanismo actual es insuficiente. La población se encuentra atrapada en una disyuntiva imposible: acatar una normativa que no se cumple o acceder a precios abusivos para poder alimentarse. El costo de esta fractura entre lo ordenado y lo ejecutado no puede recaer indefinidamente en los bolsillos de las familias, que terminan sufriendo las consecuencias de una aplicación irregular y de la desconexión entre la política diseñada y las complejidades del terreno.
La solución trasciende el simple control. Si bien la fiscalización es necesaria, los testimonios de campesinos y vendedores apuntan a un problema estructural: los altos costos de producción, la intermediación y el acceso a insumos.
Una estrategia integral requeriría, además de una supervisión consistente y transparente, medidas que ataquen estas causas de fondo. Esto implica facilitar el acceso a fertilizantes y combustible a precios asequibles, apoyar directamente a los productores para acortar la cadena de distribución y promover una oferta estable que, a la larga, regule los precios de forma natural.
La efectividad de cualquier medida gubernamental se juzga por su impacto tangible en la vida de las personas. Para que los topes dejen de ser letra muerta y se conviertan en una realidad, es imperativo un enfoque que combine una vigilancia creíble con el diagnóstico y la resolución de los obstáculos económicos que enfrentan tanto productores como consumidores. Solo así las ferias y los mercados podrán cumplir su verdadero propósito: ser un espacio accesible donde la población pueda adquirir sus alimentos.
